di VÍCTOR MANUEL MONCAYO.

En muchas ocasiones hemos recordado e insistido en las palabras del Maestro Fals Borda a propósito del concepto de subversión1. Una vez más nos vemos forzados a acudir a ellas, sobre todo por los rasgos y características de la coyuntura histórica por la cual atravesamos, luego de la suscripción del Acuerdo de Paz resultado de las conversaciones adelantadas en La Habana. Es indudable que el Estado tuvo que reconocer, por múltiples razones que no es el caso de analizar ahora, que enfrentaba una subversión armada, que durante más de cincuenta años no pudo derrotar respondiendo a la confrontación mediante la utilización de la fuerza, y admitir, en consecuencia, a la organización insurgente como un interlocutor para ponerle fin a esa expresión violenta del conflicto.

Como bien lo dijera Fals Borda, la subversión surge del proceso de la vida como un hecho que no puede negarse y al que es mucho mejor mirar de frente para entenderlo como lo que realmente es: una manifestación propia o consubstancial de las relaciones sociales vigentes, que aspira a superarlas y a sustituirlas. Una expresión que puede asumir múltiples formas, como sin duda lo es la de carácter armado que discute y disputa el poder monopólico de la violencia estatal. El Acuerdo de Paz reconoció que en efecto existía esa forma de expresión y que era preciso ponerle fin, para lo cual eran necesarios ciertos y determinados cambios o reformas que fueron debidamente concertados. Pero, de ninguna manera llegó a considerar que el conflicto propio de una sociedad capitalista como la nuestra terminara en virtud del Acuerdo, sino que únicamente terminaba esa modalidad armada, admitiendo, por consiguiente, que si el conflicto económico-social subsistía, podrían darse otras expresiones igualmente subversivas del orden que no fueran armadas. Para decirlo más claramente: la subversión no está unida exclusivamente a la acción armada; puede ser en armas o sin ellas. En este sentido, hablar de subversión no armada es una típica paradoja, pues en sólo en apariencia la expresión es contraria a la lógica.

Los avatares de la implementación del Acuerdo Final

Es en ese contexto que, desde antes de la suscripción del Acuerdo y con posterioridad a él, se empezaron a concebir los medios para que concluyera la forma armada del conflicto y se construyeran los medios y condiciones para que otras modalidades no armadas de subversión pudieran tener expresión. Así lo aceptaron las FARC-EP e igualmente el Estado a través de sus autoridades legitimadas para ello, comprometiéndose a avanzar en lo que se ha venido denominando el proceso de implementación, que no es nada distinto que la construcción de nuevas realidades sociales, económicas y políticas, como elementos básicos de que esa subversión, sin satanizarla ni estigmatizarla, pudiera asegurar su continuidad no sólo en los escenarios de la representación política sino en todos los que ofrezca la sociedad sin la utilización de las armas. La subversión como alternativa de confrontación no armada del orden existente necesitaba condiciones para su expresión, que el Acuerdo concibió y que se referían no sólo a la organización que deponía las armas, sino a los sectores afectados por las relaciones injustas e inequitativas, a sus organizaciones y a sus resistencias.

Pero que es lo que ha ocurrido en ese proceso de implementación del Acuerdo? Como lo evidencia la tozuda realidad y lo registran y analizan todos los informes hasta el momento producidos, la etapa del post-acuerdo transita por una coyuntura crítica insoslayable: la implementación normativa está prácticamente detenida; la incorporación económico-social no avanza; existe incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Corte Constitucional, especialmente sobre aquellas materias de la ley estatutaria que desnaturalizan la Jurisdicción Especial de Paz; el Gobierno Santos al final de su mandato evidenció toda su debilidad y se volvió inexistente en la práctica y sin ninguna capacidad real de decisión política; los procesos electorales del primer semestre de 2018, con muy contadas excepciones, ignoraron y desdeñaron el proceso de paz y, lo que es más grave, anunciaron que debía sufrir modificaciones sustanciales cuando no su destrucción parcial o total; en esos mismos procesos brilló por su ausencia toda referencia a las condiciones estructurales del orden social vigente como causa determinante de las situaciones de injusticia, desigualdad e inequidad; han continuado en forma creciente las circunstancias de represión y eliminación violenta de las comunidades y de sus dirigentes sociales; las bandas criminales sucesoras del paramilitarismo no solo no han sido controladas o disminuidas, sino que se han acrecentado; los programas y proyectos de sustitución o de erradicación de cultivos de uso ilícito han evidenciado ineficacia e ineficiencia, en perjuicio de las comunidades vulnerables a ellos vinculadas; el entorpecimiento del funcionamiento de la Justicia Especial de Paz y, sobre todo, las recientes adiciones normativas abiertamente inconstitucionales a la ley de procedimiento, que no sólo cercenan las capacidades de orden probatorio en materia de extradiciones, sino que permiten excluir a integrantes de la fuerza pública del sistema especial de paz ya definido por norma constitucional; el amordazamiento del nuevo partido político y de sus integrantes colocados en una especie de apartheid por los demás partidos, incluidos los que se reclaman del centro o de la izquierda, por las prácticas administrativas y políticas del Estado y por el entramado de voces en los medios de opinión; las agresiones y amenazas contra los ex-integrantes de las FARC-EP que han determinado la imposibilidad de que algunos de sus principales dirigentes asuman su función en el Congreso; las imposibles condiciones para la continuación del diálogo de paz con el ELN anunciados por el presidente sucesor del gobierno Santos y, lo que es más grave, una especie de confabulación de las organizaciones empresariales y de sus dirigentes, contra la perspectiva que representa el nuevo partido en términos de confrontación no armada del orden social vigente.

Adicionalmente, el balance de los recientes procesos electorales mostró como se desarticuló el conjunto de la clase política que, sin ninguna definición ideológica ni programática, se ha visto compelida a optar simplemente por configurar una nueva coalición gubernamental, cuyas perspectivas de acción parlamentaria son ambiguas e inciertas, pero que seguirá medrando por aprovecharse de la burocracia estatal y de los recursos públicos, aunque proclame que su comportamiento se apartará del clientelismo y la corrupción. Es muy probable, además, que luego de los momentos frívolos de las nuevas caras en el gabinete del nuevo gobierno sucesor de Santos, se concretarán las orientaciones gubernamentales dirigidas, en primer lugar, a desconocer el Acuerdo de Paz, y a resolver por la vía represiva las reivindicaciones de las organizaciones y luchas sociales que están en plena ebullición, así como a satisfacer las necesidades de la organización capitalista y de sus agentes hegemónicos.

Elementos positivos para la continuidad insurgente

En medio de tan difíciles circunstancias, es importante destacar que el Acuerdo de Paz y, en especial, las decididas actitudes de cumplimiento por parte de las FARC-EP y sus efectos materiales indiscutibles en muchos órdenes, han evidenciado algunos elementos positivos en la dirección de perseverar en la perspectiva de controversia radical del orden existente.

La terminación de la expresión armada del conflicto por la guerrilla, como lo han advertido y explicado calificados analistas, no ha puesto fin al conflicto que caracteriza a la sociedad colombiana, que ya no pueden atribuirle a la organización armada desaparecida, pues es claro que tiene como causa la subsistencia de las relaciones injustas e inequitativas, que continúan dando lugar a múltiples expresiones de resistencia y rebeldía. Lo que se negoció como proceso de paz fue poner término a la expresión armada de la subversión, pero admitiendo siempre que el conflicto propio de la sociedad capitalista subsistiría y que tendría otras expresiones como consecuencia de lo negociado.

Ahora, tanto quienes contribuyeron al lado del Gobierno a la negociación de paz, como quienes continúan oponiéndose al Acuerdo alcanzado, están de alguna manera desconcertados pues, concluida la intervención subversiva armada, se ha develado que el conflicto derivado del orden dominante inequitativo e injusto subsiste, y frente a él carecen de soluciones reales, pues su verdadero interés es la conservación de ese sistema al cual sirven.

La clase política, por esa misma razón, tuvo que concurrir a los recientes debates electorales sin verdaderas alternativas, desdibujándose y resquebrajándose las organizaciones partidistas que la sustentan. Sus esquemas programáticos, supuestamente fundamentados en soluciones para los problemas de siempre, en el fondo sólo difieren en los aspectos instrumentales, pues ninguno de ellos enfrenta su vínculo indisociable con la organización social y política existente, a la cual nunca hacen alusión por la sencilla razón de que explícita o implícitamente la comparten y la defienden.

El gobierno sucesor de Santos, por consiguiente, no escapa a esos efectos. Aun cuando logró una votación significativa, su verdadero soporte es la misma clase política, con sus intereses reales de defensa del orden social vigente, al cual se refieren eufemísticamente al hablar de institucionalidad. Una vez más, como en otros tantos gobiernos precedentes, regresará a plantear las consabidas reformas que nada significarán como modificación verdadera de las causas y efectos del sistema capitalista. Serán inútiles y estériles ejercicios que negociarán en el Congreso, y que dirán luego que ejecutarán con estructuras burocráticas renovadas exentas de corrupción y clientelismo, como siempre lo han dicho, sin que ello corresponda a transformaciones reales.

Como quiera que el conflicto económico-social subsiste, más allá de las controversias ciertamente inútiles y superficiales que siempre se escenifican en el tinglado congresional o de controversia con el Gobierno de turno, las expresiones no armadas de ese conflicto no sólo continuarán sino que se incrementaran y cualificarán, dando lugar a un vasto conjunto de movimientos sociales y políticos de diferente carácter y de distintas dimensiones. Frente a ellos, las perspectivas estatales sempiternas serán la represión o la cooptación o integración a través de múltiples formas, como la muy conocida de naturaleza electoral que periódicamente se repite, anunciando el cambio que nunca llega.

La recuperación del rumbo político

En ese escenario, aun cuando pueda verificarse la pertinencia y justeza de las tesis programáticas del nuevo partido sucesor de la agrupación guerrillera y, en especial, su formulación de que no se trata de una agrupación concebida exclusivamente para actuar en los escenarios de la llamada democracia representativa, sino para intervenir en todos los espacios sociales y políticos en función de la sustitución del orden social vigente, en alianza con todas aquellas organizaciones que compartan ese mismo objetivo, no se advierte hasta el momento, por parte de la dirigencia de dicha agrupación política, que haya asumido en los debates que se vienen adelantando, expresiones y manifestaciones armónicas con ese derrotero estratégico. La complejidad de los aparatos estatales en los cuales debe intervenir, la lógica misma de su funcionamiento, las exigencias insalvables de la atención del deficiente proceso de reincorporación en curso, la permanente necesidad de afrontar las condiciones de seguridad personal, y el asedio de los acontecimientos circunstanciales de la escena política, producen, sin duda, efectos negativos sobre la necesaria y urgente intervención alternativa con rasgos realmente diferentes a los tradicionales, cuya superación es indispensable para recuperar el rumbo político.

Las circunstancias positivas descritas que se han derivado del Acuerdo, son adquisiciones muy significativas para la perspectiva que ha decidido abrazar el partido sucesor de las FARC –EP, en unión de otras organizaciones y movimientos que decidan acompañarlo. No se trata de allanarse al orden social vigente, sino de construir condiciones para formular nuevas prácticas de resistencia y subversión, con la clara decisión de superar el sistema capitalista.

Se debe aspirar a una democracia real, cuyas características tendrán que ser definidas en las luchas sociales concretas. Por eso el sentido de la acción no puede ser valorada por los resultados en las urnas; el éxito no radica en ganar elecciones, como lo supone la clase política y todos los partidos y movimientos que participan sin ninguna cautela en esos escenarios, entregándose a ellos y aceptando sus vicios y deformaciones.

Los resultados negativos en las elecciones nada significan, ni podrán ser interpretados precisamente para deslegitimar, estigmatizar, desacreditar o demeritar la significación de las fuerzas alternativas, que deben estar más allá de los espacios institucionales y sobre todo de los electorales, para situarse al lado de la población, de sus angustias y de sus aspiraciones por la superación del sistema capitalista que nos explota y domina.

Se ha hecho evidente que la nueva época de la subversión no armada, no pasa por un partido político del mismo carácter de los existentes, sino por organizaciones y movimientos que reivindiquen crear condiciones diferentes y novedosas para las prácticas de resistencia. No se trata de cifrar todos los esfuerzos en obtener y ampliar bases electorales, participando en ese mercado siempre viciado de la búsqueda de votos, sino de construir caminos nuevos, en alianza con quienes compartan el mismo objetivo de superación del capitalismo. Desde ya ese propósito exige aceptar y entender las derrotas electorales como una demostración viva de un sistema que sólo tiene el nombre de democrático, y las eventuales victorias en ese terreno como simples signos de una vitalidad que está más allá del sistema que se combate y que se quiere sustituir.

Como lo advirtió el mismo Congreso Constitutivo del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, lo que se debe buscar es activar un proceso que conjugue “la disputa del poder del Estado a través de las posibilidades que brinda la institucionalidad existente, con un proceso constituyente abierto, de construcción de un nuevo poder social “desde abajo”, por la clase trabajadora y las “gentes del común” en general, es decir un recorrido, seguramente prolongado y sembrado de dificultades, que ha de permitir que existan condiciones para una nueva época histórica de la comunidad humana, construida por ella misma”2.

En búsqueda de las condiciones del éxodo

La realidad colombiana ha estado, sin duda, altamente determinada por la consideración de la subversión violenta, pues, en efecto, la controversia del orden social existente ha estado presidida en Colombia, de manera prevalente, por el conflicto armado. Una vez suscrito el acuerdo de paz con la guerrilla más significativa, el momento por el cual atraviesa la sociedad colombiana aún continúa signado, dados los efectos de esa negociación, por las posibilidades y retos ya advertidos y, sobre todo, por el rumbo que pueda tomar la organización estatal bajo la nueva administración presidencial; y por la muy incierta continuidad y conclusión del proceso de negociación en curso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en medio de circunstancias muy graves de violencia asociadas a la persistencia de grupos armados ligados a la economía de los narcóticos, al accionar de organizaciones sucesoras del paramilitarismo contrainsurgente, a la irresolución de la problemática de los cultivos de uso ilícito, y a la oposición de determinados sectores a las necesarias transformaciones agrarias.

Sin embargo, como ya lo hemos señalado, el conflicto inherente al orden capitalista en Colombia, no sólo subsiste, sino que tiene múltiples expresiones, cuyo devenir es indefinido e indeterminado. El sistema continúa siendo de injusticia y desigualdad, y sigue planteando los mismos interrogantes: ¿Quién mata a la niñez desnutrida, a quienes sufren hambre, a la población que no puede acceder a los servicios de salud, a quienes deambulan por ciudades y campos sin medios para satisfacer sus necesidades, a quienes no tienen otra alternativa que la indigencia, la mendicidad y la delincuencia? ¿Qué explica la contaminación, la degradación de las condiciones medioambientales, el agotamiento de los recursos naturales, las condiciones de existencia en condiciones de riesgo, la carencia de vivienda o las formas indignas de existir?

La respuesta sigue siendo la misma: todos esos efectos no tienen otra explicación que la vigencia de un sistema socio económico y político organizado, que opera a través de sus instituciones y agentes que lo sustentan y defienden. Este sistema tiene para defenderse un monopolio, que se explica como racional o natural, pero que no es otra cosa que la posibilidad de usar la fuerza, la violencia, la represión, la eliminación física…para defenderlo. Es el llamado monopolio legítimo de las armas, que no elimina la violencia que es connatural al sistema, sino que le agrega otra: la violencia que lo sustenta y defiende.

Los movimientos y las prácticas derivados del conflicto así entendido existen, pero tienen ante sí un sistema de dominación y explotación completamente transformado; están asediados por las agendas de conservación y reproducción del sistema de quienes intervienen en la escena política, o por tendencias que claman por el retorno a viejas ilusiones y experiencias, ya derrotadas o frustradas, o que definitivamente han perdido toda su pertinencia histórica. Su confluencia con otras manifestaciones, derivadas o no del abandono de la perspectiva insurgente armada y de los posibles cambios que puedan ocurrir en la escena política, no puede aún vislumbrarse con certeza en un futuro relativamente inmediato, pero la evidente realidad del orden social clama por ella.

Frente a ello, la perspectiva de resistencia y controversia radical no armada frente al Orden Social Vigente ha de orientarse hacia el éxodo, sin claudicaciones ni cooptaciones, logrando en ese proceso, como necesarios puntos de apoyo, condiciones y garantías que permitan avanzar sin la utilización de las armas que, de manera simultánea, permitan la satisfacción de las necesidades básicas de la existencia social sin obstáculos de naturaleza mercantil; impidan la apropiación privada o pública de los bienes comunes derivados de la naturaleza o de la construcción social colectiva y permitan su gestión comunitaria; reorienten la acción y el gasto estatal hacia esos mismos sectores; y favorezcan otras formas de organización productiva y política de signo no capitalista.

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  1. Fals Borda, Orlando (2009), <em>La subversión justificada y su importancia histórica. En Una sociología sentipensante para América Latina</em>, Buenos Aires, Argentina: Clacso y Siglo del Hombre editores. 

  2. Programa Estratégico del partido FARC.