Por VICTOR MANUEL MONCAYO

Las conversaciones de La Habana han salido finalmente del laberinto conducente al Acuerdo Final con las FARC-EP, pero éste enfrenta ahora un sendero que tiene como punto de partida el acto de refrendación que, desde el inicio, planteó el Gobierno colombiano, y que cristalizó en la convocatoria de un plebiscito especial, ya validado por la Corte Constitucional, cuya significación es exclusivamente de naturaleza política, y cuyo resultado positivo sólo vincula al propio Gobierno a iniciar y adelantar lo que se ha denominado el proceso de implementación de lo acordado, con todas sus implicaciones en cuanto a reformas esenciales en el orden constitucional y legal.

El forzoso tinglado plebiscitario

La necesidad de ese paso por la refrendación plebiscitaria, de la cual depende, además, la viabilidad del procedimiento constitucional especial para el desarrollo normativo de los acuerdos (Acto Legislativo No. 1 de 2016), ha determinado un abigarrado y complejo debate sobre el contenido del Acuerdo Final, que ha permitido oscurecer la verdadera significación de la terminación de la expresión armada del conflicto social y político asumida por las FARC-EP.

En efecto, la controversia se ha trenzado alrededor de temas tales como la definición de lo pactado como un Acuerdo Especial derivado de los Convenios de Ginebra, que supone su incorporación como parte del bloque de constitucionalidad (cuestión técnico-jurídica que admite principios y normas constitucionales más allá de los textos formales tradicionales); la desestructuración, por lo tanto, de los elementos que se consideran centrales o esenciales del orden constituido (la llamada sustitución constitucional que utiliza la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana para impedir ciertas transformaciones); la desarticulación de la rama judicial en razón de la creación de la jurisdicción especial para la paz (la denominada justicia transicional); la supuesta consagración de la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra; el rechazo a las conexidades en materia penal con el delito político; la ausencia de sanciones penales que supongan encarcelamiento; la eliminación de los efectos de inhabilidad política para los insurgentes; la vinculación al sistema transicional de justicia de los agentes del estado y del sector privado; la consagración de medidas e instrumentos para promover la transformación de la organización armada en movimiento o partido político; la organización del proceso de reincorporación de los insurgentes a la vida económica y social mediante novedosos mecanismos; el reordenamiento de los esquemas de participación política y del sistema electoral; las soluciones al problema agrario enfrentadas a la protección de los proyectos agroindustriales del capital; la puesta en marcha de planes y programas económico-sociales para los sectores excluidos y su debida financiación; las características del proceso de dejación de armas y, en general, aspectos generales o muy específicos que sería casi interminable enumerar y más aún describir con precisión.

Estas son las materias alrededor de las cuales se teje el proceso que debe concluir con una respuesta positiva o negativa en el acto plebiscitario; constituyen el entramado de la discusión que se vuelve casi interminable y a la cual concurren, con variados énfasis y con no pocas inexactitudes y falsedades, un espectro muy amplio de actores con múltiples, contradictorios y confusos intereses. Cubre de manera invasiva todos los espacios y todos los tiempos, sin que sean posibles soluciones de claridad, como se puede apreciar en la totalidad de los medios de comunicación y en las manifestaciones cotidianas de la población invitada a votar. En este sentido, es un escenario casi que construido para que germine la confusión y se deje de lado la real significación del proceso que se viene produciendo en estos últimos años de desarrollo de los diálogos de La Habana. Pareciera que es imposible sustraerse a ese tinglado y que estuviéramos forzados a ser parte activa de él, a sumergirnos en ese piélago en que se ha convertido.

La necesidad de recuperar un entendimiento diferente del fin del conflicto armado

Encontrándonos ante esa circunstancia y en esta antesala de la refrendación, es preciso hacer, una vez más, un esfuerzo para desatarnos de ese intrincado territorio construido por el que siempre se califica, para valorarlo, como debate democrático. En esa dirección, tenemos que regresar a entendimientos más comprensivos de la realidad en la cual vivimos. Empecemos por decir que lo que ha conducido hasta ahora a la suscripción del Acuerdo Final, no es el resultado de unas conversaciones entre una agrupación de personas, casi siempre calificadas como delincuentes o criminales, y los representantes de un Gobierno que, por razones múltiples y cuasi-desconocidas, decidió concurrir a ese diálogo. La cuestión es más compleja y, por lo mismo, de difícil explicación y aprehensión. Somos todos integrantes de un colectivo social, en el cual nuestras relaciones están definidas por un orden establecido que está más allá de las definiciones y opciones individuales o de los llamados consensos. Muchos definen ese orden con una expresión que tanto quienes no lo comparten como quienes lo sustentan y defienden admiten: es el orden social capitalista. Y también coinciden en aceptar que ese orden no responde a los valores de equidad, justicia e igualdad. Basta al respecto remitirnos a los estudios y análisis, de distinto origen, que así lo describen.

Pues bien, por la naturaleza de ese orden social, nuestra sociedad, como todas las demás del planeta, está signada por el conflicto. Ese conflicto ha tenido y tiene en Colombia muchas expresiones. Una de ellas es la insurgencia armada de las FARC EP, al igual de otras de similar carácter que han existido y aún subsisten. Lo central del Acuerdo Final es terminar esa expresión armada del conflicto, lo cual no significa que el conflicto termine y que las expresiones de todo tipo que él genera cesen de expresarse.

En tal sentido, el orden social capitalista vigente continúa y sus manifestaciones conflictivas igualmente. La organización armada insurgente así parece comprenderlo y reconocerlo y, por esta razón, buena parte del contenido del Acuerdo Final se orienta a permitir la creación de otras condiciones para que esa insurgencia no armada permanezca y pueda efectivamente manifestarse y producir efectos socialmente. Esas nuevas condiciones no alteran las bases esenciales del orden social vigente, que justamente representan las llamadas líneas rojas que el Gobierno Nacional estableció para llegar al Acuerdo, y que la organización insurgente conocía como insuperables mediante lo que se conviniera.

La continuidad de la insurgencia sin armas no está asegurada pero puede ser posible. No se trata sólo de cambiar las armas por los votos como alegremente se proclama, sino de persistir en la actitud de controversia radical del sistema existente por nuevas vías que están por construir, entre las cuales una de ellas, pero no la única ni la fundamental, es la participación en el llamado sistema democrático representativo. Del lado del sistema político la pretensión es precisamente lograr que la terminación de la expresión armada del conflicto sea sucedida por una sujeción plena a los aparatos y mecanismos del orden estatal, pues identifican claramente que en ese escenario las perspectivas de continuidad de la insurgencia y, sobre todo, de aspirar a la superación del orden existente no tendrán viabilidad, como lo ha demostrado la historia.

Por lo dicho, mirar más allá del Sí al Acuerdo Final impone a la organización armada que ha pactado, difíciles retos que superan los aspectos institucionales convenidos para que exista una organización armada sucesora en los propósitos, de los que como norte de su acción guiaron a la guerrilla que ha pactado durante más de medio siglo.

a. Reconocimiento y rechazo del capitalismo

El primero y cardinal reto es como perseverar en el reconocimiento del carácter capitalista de la sociedad, como punto de partida para aspirar a superarlo y sustituirlo. Esta tarea exige tener en cuenta las profundas transformaciones que ha experimentado el capitalismo en los últimos decenios, para desentrañar las novedosas formas de explotación y acumulación, en un contexto global que ha provocado el descaecimiento de las soberanías nacionales en muchos órdenes, bajo formas de producción diferentes a las de la actividad industrial tradicional, con un papel diferente del capital financiero, a partir de formas distintas de la actividad laboral y de las modalidades de ingreso.

En síntesis, se impone que ese reconocimiento del capitalismo, con las particularidades de sociedades como la colombiana, comprenda debidamente las múltiples implicaciones de su transformación, que comprometen cambios en el papel del Estado, de los lugares de trabajo, de las formas de valorización, de la nueva función del capital financiero y de la renovación del orden global. Sólo de esa manera tendrá pertinencia y virtualidad su rechazo, en la perspectiva de construir una sociedad alternativa, caracterizada por una democracia real y una estructura social justa y equitativa.

b. Identificación del Estado como dimensión esencial del sistema capitalista

El segundo desafío, pero no por ello menos importante que el primero, es definir, como clave de la acción, que el Estado no es una dimensión neutral que pueda ser tomada y apropiada para finalidades distintas, según la voluntad de quienes accedan a sus instituciones y aparatos. En esta dirección no se trata de repetir la equivocada estrategia de las dos etapas, conforme a la cual la primera es la toma del poder, para luego desde allí transformar la sociedad.1 Las experiencias históricas evidencian que ese ha sido un camino erróneo, pues olvidan el vínculo indisoluble de la dimensión estatal con el orden social capitalista.

No basta con negar el Estado pues su existencia se impone, sino que es preciso que la acción política tenga como horizonte final superarlo. No mediante reformas y cambios que finalmente lo conservan y reproducen, sino intentando salir de él para construir una nueva institucionalidad. Este es un proceso histórico complejo, muy ligado al concepto de un proceso constituyente abierto, que no significa reformas constitucionales ni mucho menos asambleas constituyentes como punto de llegada. Estas reformas y asambleas quizás pueden ser medios para develar contradicciones y abrir nuevos escenarios de ruptura radical.

Por la misma razón, la crítica orientada hacia la superación de la dimensión estatal no puede limitarse a atacar sus vicios e imperfecciones (burocratismo, clientelismo, corrupción, ineficiencia e ineficacia, desconocimiento de derechos, ausencia de presencia, etc). En el mejor de los casos ese “mejoramiento” del Estado contribuye a su permanencia y, por ende, a fortalecer el sistema capitalista al cual pertenece. De allí se deriva una actitud siempre alerta y vigilante.

3. Crítica y rechazo del sistema democrático representativo

Una tercera dimensión hace referencia al sistema democrático- representativo como elemento sustancial del Estado. Está edificado a partir de la categoría pueblo que obra como una construcción social unificadora y alienante, que se expresa a través de sujetos llamados “representantes”, de quienes se predica la virtud de expresar la voluntad general o colectiva, y que legitima la existencia de una clase política.

Es este sistema el que engendra la distinción falaz entre el interés privado y el interés público, pues sólo sus agentes están habilitados para expresar y concretar el interés público gracias a la voluntad nominadora electoral que tiene la virtud de borrar a los individuos y al colectivo social al cual pertenecen.

La superación del sistema democrático-representativo no reside en corregir sus vicios e imperfecciones, para que la voluntad de los miembros del pueblo se exprese de manera más diáfana. Cualesquiera que sean los mecanismos de expresión, lo fundamental permanece: los agentes representantes obrarán como voluntad general, arrogándose la capacidad de los miembros del colectivo.

Sin embargo, no se trata de plantear una ruptura absoluta del esquema democrático-representativo, sino de avanzar, quizás en una fase de transición, en medio de sus imperfecciones, en la adquisición de algunas condiciones que permitan mantener viva la dinámica del proceso y del poder constituyentes, tales como la libertad plena para intervenir en política por parte de los movimientos, organizaciones y partidos; la igualdad real en el acceso a los medios de comunicación; la deconstrucción del principio del mandato y la ampliación del mecanismo revocatorio; el establecimiento de limitaciones progresivas de la regla de reelección que conduzca a la eliminación de la clase política; la utilización ampliada y real de los mecanismos de consulta y participación; la intervención decisoria en las formulaciones de planeación y presupuesto; y la definición inmediata de soluciones de satisfacción de las necesidades básicas de la población en materia de salud, educación, vivienda, seguridad social e ingresos básicos.

En otras palabras, en el terreno táctico, se trata de no desdeñar el espacio democrático-representativo, para intentar abrir avenidas que contribuyan a un proceso constituyente abierto conducente a un nuevo orden social no capitalista. Como lo advierte Wallerstein, las intervenciones electorales no transforman el mundo, pero no pueden ser despreciadas, siempre con la precaución de que si se obtienen victorias, no lo son tanto, de tal manera que “no bailemos en las calles cuando ganemos!”2

4. La construcción y desarrollo de un proceso constituyente abierto.

Finalmente, no sin advertir que son múltiples los retos, con las limitaciones derivadas de la vigencia del orden capitalista, de su dimensión estatal y del sistema democrático-representativo, la nueva organización política sucesora de la insurgencia armada ha de contribuir a construir escenarios y condiciones que sirvan como elementos catalizadores de otro orden social que supere el existente.

No se trata de una reorganización de aspectos centrales de la estructura política definida por la Constitución, por representantes o delegatarios de la sociedad colombiana elegidos popularmente, previa una decisión legal. Esto supondría compartir una ideología constitucionalista liberal, conforme a la cual se pasaría de lo vigente al establecimiento de otro orden dominante, sobre la base de la teoría de la representación, que en el fondo supone negar la potencia de quienes asumen la necesidad de la subversión.

Por el contrario, hay que entender el poder constituyente como un fenómeno político siempre abierto, que no admite la sujeción por ningún poder constituido, que se afirma como práctica permanente de liberación, sin clausuras ni sometimientos, que no se diluye en categorías diferentes o renovadas de integración/cooptación. Esta distinción es fundamental para no caer en las ilusiones democrático-burguesas, presentes en la apelación al llamado constituyente primario, cuyo soporte es la forma social dominante de la abstracción pueblo nacional, supuestamente representado por agentes que devienen clase política.

De alguna manera la negociación de paz que ha concluido con el Acuerdo Final, ha sido un momento de ese proceso constituyente, que seguramente tendrá que pasar en una de sus etapas por los mecanismos del poder constituido (reformas constitucionales o legales), pero que no tiene como punto de llegada y de conclusión esas reformas. La etapa posterior al acuerdo que pone fin a la expresión armada del conflicto, no conduce a la eliminación plena del conflicto social y, por tanto, a la paz verdadera. Si la existencia del conflicto está asociada a la naturaleza de las relaciones sociales imperantes, mientras éstas subsistan el conflicto se mantendrá bajo otras formas, sin que pueda excluirse la reaparición de la violencia.

En tal sentido la paz negociada es necesariamente precaria, pues los intereses de las partes que se oponen en el conflicto nunca serán coincidentes: del lado de los beneficiarios del orden existente, la paz es un instrumento para afianzarlo y profundizarlo, nunca para eliminarlo. Del lado de quienes se oponen a él, podría ser la aceptación de la cooptación o la integración como ha ocurrido en otros momentos históricos o, como quizás pudiera darse ahora, la posibilidad para encontrar otros escenarios y otros medios para la resistencia. En tales términos, el poder constituyente debe desprenderse de la noción que lo vincula exclusivamente con la posibilidad de construcción de un nuevo ordenamiento constitucional, para entenderse más bien como una potencia que se expresa como un proceso, que se despliega en tiempos de distinta duración, en forma continua, y como producto de una vasta pluralidad de iniciativas políticas y de reconocimiento de subjetividades plurales, como “germinación difusa y multitudinaria del deseo de libertad e igualdad”.3

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  1. I. Wallerstein, <em>Una política de izquierdas para una época de transición. Conferencia en la Socialist Scholars Conference</em>, New York City, 13 de abril de 2001. 

  2. I. Wallerstein, op.cit. 

  3. Recogemos así algunas de las expresiones conceptuales avanzadas por Antonio Negri en el <em>Prefacio</em> a la nueva edición en español de su obra <em>Poder Constituyente</em> por la Editorial Traficantes de Sueños. Madrid, abril 2015.